¿JUEZ Y PARTE?

El pasado 1 de octubre aparecía publicado en BOJA los nombres de 81 menores que objetaron a la asignatura Educación para la ciudadanía. Se informaba que se había intentado, sin efecto, la notificación personal, y que por ello se hacia por vía BOJA. Argumento absolutamente falso, por cuanto todos los menores están registrados en los colegios donde se habían presentado las objeciones. Con el descaro, además, que algunos de los objetores tienen hermanos que sí habían recibido notificación de la Junta de Andalucía negándoles la objeción.
Los padres de estos menores manifestaron su preocupación a que los nombres de sus hijos aparecieran publicados en un boletín oficial, por lo que instaron a la intervención de la Fiscalía, al ser este un asunto de tanta sensibilidad. Exigían que la consejera de educación, Teresa Jiménez, asumiera su responsabilidad por haber vulnerado leyes y acuerdos que protegían a sus hijos: Carta europea de derechos del niño, Ley de derecho y atención del menor, así cómo la protección de la intimidad de los menores frente a los medios de comunicación o cualesquiera sistemas informáticos en general, derecho que debió ser garantizado por la consejera de educación.

Hace unos días hemos conocido la decisión de la Fiscalía de Sevilla, que se ha pronunciado sobre el caso con una parcialidad que nos averguenza. Argumenta la fiscal, María José Segarra, lo siguiente: "Es evidente que se ha producido una vulneración del derecho a la intimidad de los menores, afectados por la indebida publicación con sus nombres íntegros en el BOJA, y que ante ellos las acciones legales que corresponderían serían las previstas en la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen". Dijo además, estar convencida de que la consejería de Educación ha vulnerado derechos. "No se debió publicar y no tenía que haberse publicado". Pero…..pero, ante tantas evidencias, decide cerrar el caso, ¡Ahí, con dos castañas!. Para terminar la faena nos quiere convencer de lo acertado de su decisión, porque de esa forma evita a los menores verse inmersos en procesos civiles ante los tribunales de justicia. Es decir, la fiscal parece decirnos que ha evitado que se hable más de ellos archivando el caso. Lo que, por extensión, viene a entenderse que es una tontería acudir a los tribunales para defender tu intimidad, porque después tu nombre aparecerá un muchos más documentos.
Otros pensamos bien distinto, y es que esta fiscal ha salido en defensa de la Junta de Andalucia y del PSOE, porque de haber defendido los derechos de estos menores, que ella misma reconoce, quedaría en mal lugar al gobierno de Chaves.
También sabemos que la fiscal María José Segarra pertenece al equipo de Candido Gómez Pumpido, y de sobra sabemos de la "imparcialidad" y de la "honorabilidad" del Fiscal General. Recordamos aquellas palabras suyos sobre la posibilidad que hubiera de ensuciarse la toga con los fangos del camino. O aquella otra, que ANV no tenia nada que ver con ETA. Argumentos que las malas lenguas dicen que corresponden más a un comisario político. Será por la envidia que les da lo bien que interpreta la Internacional.
Sin embargo, los padres sospechan que la actuación de la fiscal seria bien distinta si el delito lo cometiera, por ejemplo, un profesor: Que colocara en el tablón de anuncios del colegio los nombres de los alumnos que incordian en clase, que acosan y ofenden a otros compañeros. Entonces ese profesor estaría expulsado del centro. La Fiscalía estaría pidiendo su encarcelamiento, y desde el gobierno de la Junta dirían que se ha actuado conforme a derecho. Una vara de medir para unos y otra para otros. El escarnio para los menores y sus padres que reclaman sus derechos, y la Consejera de Educación yéndose de rositas. Esto último lo dijo la fiscal. ¡pena de justicia!.